CONTEXTO COLOMBIANO
Para nadie es un secreto que desde hace mucho tiempo en Colombia se han venido presentando una serie de inconformidades en la ciudadanía debido a múltiples razones como por ejemplo, manifestaciones en contra de la violencia tanto de los distintos grupos armados, (como sucedió en la “Marcha del millón” en 2008) como del Estado (marchas de las “Madres de Soacha” por las ejecuciones extrajudiciales), también la ciudadanía se ha manifestado en contra de políticas que permiten la contaminación ambiental como la aprobación de pruebas piloto de Fracking. Hemos visto también movimientos estudiantiles que piden más oportunidades de acceso a la educación pública y gratuita, la ciudadanía también se ha manifestado en contra de la desigualdad social. En fin, hemos visto muchos movimientos sociales en Colombia a lo largo de las últimas décadas.
Sin embargo, estos reclamos no se habían dado con tal fuerza que dieran muestra de un despertar social, hasta que se produjeron las famosas manifestaciones del 21 de noviembre de 2019, que se extendieron de manera no consecutiva hasta el 21 de febrero de 2020. En el marco de este paro nacional hubo peticiones y reclamos de todo tipo, entre ellos se encontraba el descontento frente a proyectos de reforma laboral, reforma pensional, también ante la criminalización de la protesta social y el reclamo al gobierno para que se diera un cumplimiento efectivo a los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC.
Este movimiento iba tomando cada vez más fuerza, sin embargo, las manifestaciones tuvieron que entrar en una pausa a causa de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 y declarada oficialmente en el Decreto 385 del 12 de marzo de 2020, lo que trajo consigo una serie de confinamientos estrictos e imposibilitó la continuación de la protesta social.
Sin embargo, luego de más de un año de confinamientos y restricciones, no se pudo seguir conteniendo el descontento social, exacerbado aún más por las consecuencias que trajo consigo la pandemia, más pobreza y desigualdad, menos acceso a oportunidades laborales, mayores índices de informalidad, etc.
A este descontento social que se venía acumulando, se sumó el rechazo hacia el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno, en cabeza del Ministro de Hacienda y lo que algunos llaman fue “el florero de llorente” o “la gota que derramó el vaso”. Esta reforma tributaria desencadenó el estallido social que vivimos actualmente en Colombia y el descontento que generó en la mayoría de la población se debió principalmente a que en dicho proyecto lo que se hacía era apretar aún más precisamente a los sectores de la población que más han sufrido durante la pandemia.
Dicha reforma tributaria o Ley de solidaridad social (como la llamó el gobierno) surgió como resultado de la preocupante situación económica generada porque el gobierno se endeudó y gastó dinero para hacer frente a la crisis por lo que creció el déficit fiscal y la deuda pública, así que la idea era recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales.
En el papel, la ley que el gobierno había presentado al congreso buscaba ampliar la base de recaudación de impuestos, evitar que la deuda colombiana generara la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. Pero el motivo de mayor indignación fue de dónde se sacaría ese dinero. El entonces ministro de hacienda Alberto carrasquilla explicó que la recaudación vendria un 73% de las personas naturales y el resto de las empresas, es decir, la mayoría de la ciudadanía colombiana iba a pagar por esto. Uno de los puntos más polémicos era el cobro de un impuesto a la renta a personas que ganaran un sueldo mensual de más de $663 dólares (alrededor de $2.500.00 pesos colombianos) eso en un país donde el salario mínimo es de 234 dolares ($908.526 pesos colombianos), además, se pretendía cobrar el IVA que es del 19% en Colombia a productos de consumo básico como los servicios de agua, luz y gas, los servicios funerarios y productos eléctricos. La ley también proponía más impuestos para los que ganaran más. por ejemplo impuesto extra del 1% para patrimonios de más de 1. 35 millones de dólares y del 2% para los de más de 4 millones. Los críticos a esta reforma consideraron que esta no era la mejor forma de recaudar el dinero necesario, sino que se podía recaudar desde otros sectores como el financiero, eliminando las exenciones que permiten que este sector haya pagado en 2020, por ejemplo, sobre el 1.9 por ciento de sus utilidades que fueron de 32 mil billones de dólares. (BBC Mundo, 2021)
Por otro lado, es necesario conocer quiénes fueron, en principio, los que convocaron las manifestaciones. Se dice que las primeras convocatorias fueron realizadas por distintas agremiaciones inconformes con la reforma tributaria, entre ellas encontramos la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), la Confederación Democrática de los Pensionados (CDP), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Dignidad Agropecuaria y Cruzada Camionera. (Semana, 2021). Esto demuestra lo que menciona Eduardo Lora en su libro “Economía Esencial de Colombia”, y es la forma en la que los trabajadores se asocian para defender sus intereses económicos, tal es el caso de los indicatos cúpula mencionados anteriormente como la CTC, la CGT y la CUT. Lo mismo sucede en el caso de Fecode, que es el mayot sindicato del país. (Lora E, 2019)
Sin embargo, desde el primer día pudimos ver que en las distintas manifestaciones en los diferentes lugares del país confluían todo tipo de intereses, intereses incluso distintos a los del las agremiaciones que conforman el comité del paro. Hemos visto marchando de manera masiva a jóvenes estudiantes, desempleados, adultos trabajadores, personas de clase media, personas en condición económica vulnerable, en la pobreza, en la extrema pobreza, personas de clase alta, ancianos, comunidades afro, comunidades indígenas, miembros de la comunidad LGBTIQ, e incluso niños. Lo que deja ver que el Comité del Paro en realidad no alcanza a representar los reclamos de todas las personas que han sido históricamente excluidas y que hoy alzan sus voces para reclamar sus derechos y esto se ha convertido en una problemática a la hora de llegar a consensos o negociaciones con el gobierno nacional. (NTN24, 2021)
Cabe resaltar que, el 2 de mayo de 2021, el presidente Iván Duque solicitó al Congreso de la República el retiro del proyecto de reforma tributaria radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. (BBC Mundo, 2021) Sin embargo, el estallido social generado por la presentación inicial de dicha reforma tributaria no ha parado, pues en los reclamos de la ciudadanía, se acumularon una serie de descontentos relacionados con la desigualdad de ingreso, el acceso a la educación, el abuso policial, entre otros.
Es necesario mencionar que la calificadora Moody's lanzó dos advertencias a Colombia tras el retiro de la reforma tributaria por parte del gobierno y la renuncia del ex Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, diciendo que esto era negativo pues generaba una incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para conseguir la aprobación de medidas que apoyen el proceso de consolidación fiscal en el mediano plazo. Finalmente, este 19 de mayo cuando la calificadora de riesgo Standard & Poor’s redujo la calificación de Colombia a BB+ y, como consecuencia, el país perdió grado de inversión. Lo anterior, podría generar consecuencias económicas negativas para el país, que hasta hace algunos meses había logrado mantener una estabilidad a nivel macroeconómico, a diferencia de la mayoría de países latinoamericanos (Lora E, 2019).
En este sentido, para lograr mitigar los efectos económicos que ha producido esta crisis social, es necesario que tanto de parte del gobierno como de parte de los manifestantes exista una voluntad de llegar a un consenso sobre lo fundamental ante la crisis de representación política y la desconfianza en las instituciones que existe en la sociedad, tal como lo menciona Manuel Castells (2017).
Comentarios
Publicar un comentario